17 de junio de 2025 Desarrollo web

La nueva Ley Europea de Accesibilidad obligará a todas las empresas a adaptar sus webs y aplicaciones

En 2025, la accesibilidad digital será un requisito legal para buena parte del sector privado

La Ley Europea de Accesibilidad (European Accessibility Act, EAA) marcará un antes y un después para cualquier empresa que ofrezca productos o servicios digitales en la Unión Europea. A partir del 28 de junio de 2025, será obligatorio cumplir con una serie de requisitos de accesibilidad que afectan a sectores como el comercio electrónico, la banca, las telecomunicaciones, el transporte y los medios digitales.

En Lemondit desarrollamos software a medida, y podemos ayudarte a garantizar que tu web, app, sistemas o productos digitales cumplen con la normativa. Pero también —y más importante aún— que lo hagan sin fricciones, integrándose en tu flujo de trabajo y sin comprometer tu diseño ni la experiencia de usuario.

¿A quién afecta la ley?

Los requisitos de la EAA aplican a una gran variedad de productos y servicios:

  • Sitios web y apps de e-commerce
  • Sistemas de banca digital y fintech
  • Apps móviles de transporte y billetes electrónicos
  • Interfaces de terminales de pago o autoservicio
  • Lectores electrónicos, cajeros, software embebido

Si tu empresa ofrece alguno de estos productos o servicios en Europa, será obligatorio demostrar accesibilidad conforme a la norma armonizada EN 301 549 (basada en WCAG 2.1 AA).

Qué implica cumplir con la normativa

Cumplir no significa solo «hacer la web accesible». Supone abordar la accesibilidad de forma transversal:

  • Información, contratos y soporte en formatos comprensibles y perceptibles
  • Interfaces compatibles con lectores de pantalla, navegación por teclado y ayudas técnicas
  • Formularios, pagos y procesos accesibles desde el inicio
  • Accesibilidad mantenida a lo largo del tiempo, no solo en el momento del desarrollo

¿Y si no lo cumplo?

España ya ha aprobado su marco sancionador. Las multas pueden llegar a:

  • 30.000 € por infracciones leves
  • 90.000 € por infracciones graves, además de posibles suspensiones o inhabilitaciones

Pero más allá del riesgo legal, no cumplir significa cerrar la puerta a millones de personas usuarias y a mercados con cada vez más exigencia en este aspecto.

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